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Medidas de protección de Arrendatarios y Precaristas de viviendas durante el estado de alarma.

El Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda regula, por un lado los mecanismos de protección para los ocupantes de viviendas que se encuentren en una situación vulnerable, y por otro el derecho de compensación para los propietarios y arrendatarios afectado.

Mecanismos de protección de arrendatarios y ocupantes.

a). Incidente de suspensión de lanzamiento: se regula la suspensión durante el estado de alarma del procedimiento de desahucio y lanzamiento arrendaticios en el caso de personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional.

En los juicios verbales que versen sobre reclamaciones de renta o cantidades debidas por el arrendatario, o la expiración del plazo de duración de contratos suscritos conforme a la LAU que pretendan recuperar la posesión de la finca, la persona arrendataria podrá instar, un incidente de suspensión extraordinaria del desahucio o lanzamiento ante el Juzgado por encontrarse en una situación de vulnerabilidad económica que le imposibilite encontrar una alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva.

Para que opere la suspensión la persona arrendataria deberá acreditar que se encuentra en alguna de las situaciones de vulnerabilidad económica, y con ello, ni se llevará a cabo el lanzamiento, y si fuera el caso se suspenderá el plazo para celebrar vista o se suspenderá la propia vista.

b). Facultad judicial durante el estado de alarma de suspender el procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional.

Se faculta a los Jueces que puedan acordar suspender el lanzamiento hasta la finalización del estado de alarma en caso de desahucios a precaristas, ocupadores, moradores o detentadores de la posesión del inmueble siempre que se trate de propietarios que sean personas jurídicas o personas físicas que tengan más de 10 viviendas y que las personas que habita ese encuentren en una situación de vulnerabilidad económica.

Esta facultad judicial tiene límites y no podrá aplicarse la suspensión:

a) Cuando el inmueble sea domicilio habitual o segunda residencia.

b) Cuando la entrada o permanencia en el inmueble sea consecuencia de delito.

c) Cuando existan indicios racionales de que la vivienda se esté utilizando para la realización de actividades ilícitas.

d) Cuando se trate de un inmueble de titularidad pública o privada destinados a vivienda social y ya se hubiera asignado.

e) Cuando la entrada en la vivienda se haya producido con posterioridad a 23 de diciembre de 2020.

c). Garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables.

Se garantiza por ley que durante el vigente estado de alarma no podrá suspenderse el suministro de energía eléctrica, gas natural y agua a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor vulnerable.

Derecho de compensación de arrendadores y propietarios

Los propietarios y arrendadores afectados por la suspensión extraordinaria en caso de vulnerabilidad del inquilino, precarista u ocupante, tendrán derecho a solicitar una compensación cuando la administración competente, en los 3 meses siguientes a la fecha en que se emita el informe de los servicios sociales para atender la situación de vulnerabilidad y facilitando una vivienda digna, no hubiera adoptado tal medida.

La compensación consistirá en el valor medio que correspondería a un alquiler de vivienda en el entorno en que se encuentre el inmueble, determinado a partir de los índices de referencia del precio del alquiler de vivienda, más los gastos corrientes de la vivienda que acredite haber asumido el arrendador, por el período que medie entre que se acordare la suspensión y el momento en el que la misma se levante por el Tribunal o por finalizar el estado de alarma.

La solicitud de compensación podrá presentarse hasta 1 mes después de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, debiendo formular el titular de la vivienda una justificada de la compensación que considere procedente.